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Juicio y Condena: Caso de Parentesco Mortal en Castro Urdiales

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El Juzgado de Menores de Santander ha dictado una sentencia de seis años de internamiento para un joven de 15 años, acusado de asesinar a su madre adoptiva, Silvia L.G., en Castro Urdiales. Este caso ha generado gran atención debido a la gravedad de los delitos cometidos y la corta edad del acusado.

El menor fue encontrado culpable de asesinato y agresión sexual, con la agravante de parentesco. La ley establece que, a pesar de la gravedad de los delitos, la pena máxima para un menor de su edad no puede superar los seis años de internamiento.

Además de la condena principal, el hermano mayor del acusado ha recibido una sentencia de tres años de libertad vigilada. Se le ha prohibido acercarse a menos de 300 metros de su padre, abuelos y tío maternos, quienes actuaron como acusación particular en el juicio.

El otro hermano, de 13 años, no ha sido imputado debido a su edad, ya que la ley española establece que los menores de 14 años son inimputables.

La sentencia detalla que el ataque fue premeditado. Los hermanos, originarios de Europa del Este, atacaron a su madre mientras ella comía en su hogar. El mayor la apuñaló repetidamente mientras el menor la sujetaba. Posteriormente, el mayor cometió una agresión sexual, lo que añadió un cargo adicional a su condena.

Tras el ataque, los hermanos intentaron ocultar el crimen. Cubrieron el cuerpo de su madre con bolsas, ataron sus extremidades con cinta aislante y la trasladaron al garaje, donde la colocaron en el coche familiar. Intentaron simular un secuestro limpiando la escena y dejando una nota con la palabra ‘ayuda’.

El cadáver fue descubierto por la Guardia Civil en el coche, después de que los hermanos respondieran a una llamada de su abuela afirmando que habían sido secuestrados. La autopsia reveló que la muerte ocurrió entre las 18:00 y las 21:00 horas debido a múltiples heridas de arma blanca.

Los menores fueron localizados en un parque cercano a su casa pasada la medianoche. Este caso ha puesto de relieve las complejidades legales y emocionales de tratar con delitos graves cometidos por menores, así como las limitaciones del sistema judicial en tales situaciones.

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