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Burorrepresión en la Frontera Sur de España: un informe denuncia la violencia administrativa contra personas migrantes

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La investigación ha sido elaborada por las asociaciones No Name Kitchen (NNK), Solidary Wheels y El Taller Frontera Sur – Gran Canaria. Estas organizaciones, que trabajan conjuntamente en el proyecto «Frontera Sur», se dedican a documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren las personas migrantes en estos territorios.

Un migrante es acompañado por dos policías para ser devuelto a Marruecos el 18 de mayo de 2021/Antonio Sempere

Antonio Sempere.Ceuta

El informe titulado «Burorrepresión en la frontera sur de España: Violencia administrativa contra las personas migrantes en Canarias, Ceuta y Melilla» se presentará el próximo jueves en Gran Canaria.  La investigación ha sido elaborada por las asociaciones No Name Kitchen (NNK), Solidary Wheels y El Taller Frontera Sur – Gran Canaria. Estas organizaciones, que trabajan conjuntamente en el proyecto «Frontera Sur», se dedican a documentar y denunciar las violaciones de derechos humanos que sufren los migrantes en estos territorios, proporcionando asistencia legal y social directa. NNK, fundada en 2017 en Belgrado, se centra en la protección socio-jurídica y el acompañamiento de migrantes; Solidary Wheels trabaja desde 2020 en Melilla apoyando a jóvenes en situación de calle; y El Taller Frontera Sur, surgido en 2021 en Gran Canaria, ofrece servicios de asistencia jurídica y social en un espacio de convivencia y reivindicación social.

Burorrepresión: Definición y Contexto

El término «burorrepresión» se refiere a un conjunto de prácticas administrativas utilizadas por la Administración para reprimir tanto la protesta social como para denegar derechos básicos a las personas más vulnerables. Se divide en dos aspectos: el «duro» y el «blando». El aspecto «duro» de la burorrepresión incluye el uso de sanciones administrativas para reprimir la protesta social, como identificaciones masivas e indiscriminadas seguidas de sanciones económicas. Estas medidas buscan disuadir la participación en protestas y manifestaciones a través del miedo a represalias económicas.

Por otro lado, el aspecto «blando» comprende un conjunto de trabas burocráticas que implican la denegación de derechos básicos. Este aspecto se manifiesta a través de la híper-regulación de extranjería y el trato desigual e impredecible que los inmigrantes reciben en las oficinas de la Administración. Estas prácticas crean un ambiente de incertidumbre y vulnerabilidad, dificultando que los inmigrantes puedan acceder a servicios básicos y ejercer sus derechos.

Una característica básica de la burorrepresión es la «extracción» del ciudadano del colectivo solidario a través de su individualización y la privatización del castigo. Esto significa que las sanciones y trabas burocráticas se imponen de manera individual, lo que invisibiliza la represión y evita una reacción mediática masiva. Por ejemplo, un manifestante recibe «su multa» semanas después, en el buzón de su casa, solo, alejado de la solidaridad colectiva que caracteriza el ejercicio del derecho de reunión y manifestación.

Dependiendo del objetivo a reprimir o marginar, el Gobierno puede utilizar la violencia directa, las sanciones administrativas o las infinitas trabas normativas. Estas prácticas son efectivas para mantener el control social y político sin generar una respuesta colectiva significativa, ya que la represión se diluye en procesos burocráticos que afectan a individuos aislados en lugar de a grupos organizados.

La Burorrepresión en la Frontera Sur

En el caso de las personas migrantes en Canarias, Ceuta y Melilla, el informe asegura que la burorrepresión se manifiesta a través de demoras en la documentación, restricciones en la libertad de movimiento y obstáculos para acceder a servicios básicos y asistencia legal. Estas prácticas no solo violan los derechos humanos de los migrantes, sino que también socavan los principios democráticos y de justicia social del país.

Las entidades revelan cómo Canarias, Ceuta y Melilla se han convertido en «embudos» naturales para los flujos migratorios desde África, funcionando como espacios de no-derecho donde los migrantes sufren constantes violaciones de derechos humanos. La «burorrepresión» en el contexto de la Frontera Sur se define como la utilización de trabas burocráticas y normativas por parte del Estado español para controlar, reprimir y criminalizar a las personas que están en ruta migratoria. El informe destaca las deplorables condiciones en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIs), caracterizados por el hacinamiento y la falta de recursos adecuados, lo que agrava la vulnerabilidad de los migrantes.

El dossier documenta, a través de varios testimonios recogidos sobre el terreno, numerosas violaciones de derechos fundamentales, como el derecho a la información, a estar debidamente documentado, a la asistencia letrada e intérprete y a solicitar protección internacional. Además, señala la arbitrariedad en la aplicación de normativas que impiden una acogida digna y el acceso a servicios esenciales. En entrevistas con personas migrantes y actores clave en los territorios limítrofes a Marruecos, el informe proporciona un enfoque cualitativo que refleja las vivencias y retos diarios de estas personas.

Las vías de entrada a los territorios españoles de Canarias, Ceuta y Melilla presentan diferencias marcadas por su ubicación geográfica. Ceuta y Melilla, situadas en el norte de África y separadas de Marruecos por vallas fronterizas, son puntos críticos de entrada para migrantes que buscan llegar a Europa. Estas vallas, equipadas con sistemas anti-trepa y vigilancia constante, representan una barrera significativa que muchos intentan superar en busca de asilo. Aquí se recoge el testimonio de dos jóvenes migrantes marroquíes en Melilla: «Llegamos a Melilla La Vieja, carretera de Playa Nueva. Luego fuimos a Plaza de España a llamar a la familia. No solemos avisar a la familia de que hacemos risky (término con el que se conoce coloquialmente al intento de subir a un ferri atracado en el puerto) porque se quedan muy preocupados. A lo mejor el día que íbamos a hacer risky les decíamos que estábamos cansados o que nos quedábamos sin batería. Pero lo que íbamos a hacer era risky. Así que fuimos a Plaza de España. Luego fuimos a la zona del centro comercial, vimos una casa abandonada y nos quedamos allí a dormir. No dormimos en realidad, esperamos a que amaneciera y a que pasase gente para pasar desapercibidos. Nadamos durante seis horas».

En contraste, el archipiélago canario presenta el riesgo de la larga travesía marítima, donde las personas migrantes corren el peligro de cruzar el peligroso Océano Atlántico a bordo de embarcaciones precarias y hacinadas sin las mínimas garantías para la supervivencia.

Ser mujer y migrante: una lucha constante

El informe destaca cómo las mujeres migrantes se enfrentan a una doble discriminación, al ser tanto migrantes como mujeres, corren mayores riesgos en situación de calle. A pesar de las calamidades, las organizaciones subrayan las formas de resistencia y las redes de apoyo que los migrantes y las asociaciones solidarias han desarrollado para resistir la represión administrativa. Según estas organizaciones, estas redes son esenciales porque proporcionan asistencia legal, social y emocional a las personas migrantes, ayudándoles a navegar por el complejo y a menudo hostil sistema burocrático. Además, estas redes ofrecen recursos básicos, como alimentación y protección, y crean un sentido de comunidad y solidaridad que es vital para afrontar la exclusión y la vulnerabilidad que provoca la «burorrepresión».

El trabajo de investigación concluye que las políticas de burorrepresión en la frontera sur de España no solo violan los derechos humanos de las personas migrantes, sino que también socavan los principios democráticos y de justicia social del país. Las organizaciones exigen a las instituciones, tanto del Estado español como a las europeas, la revisión y reforma de estas prácticas, así como una mayor colaboración y apoyo para garantizar un trato digno y justo a todas las personas en movimiento. Los colectivos autores del informe hacen un llamamiento a “la acción urgente para cambiar el actual sistema de fronteras, que es violento y discriminatorio, por procesos migratorios que sean seguros e inclusivos para todos.»

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